Vivir con una discapacidad —o acompañar a alguien que la tiene— es pelear todos los días contra obstáculos de todo tipo. La discapacidad ha sido malinterpretada: se la ha visto como una fragilidad inherente, cuando en realidad el mayor desafío proviene de una sociedad que aún no comprende plenamente su responsabilidad. Desde caminar por veredas rotas, subir a un colectivo, conseguir turnos médicos, hasta enfrentarse a trámites eternos que, lejos de ayudar, complican más la vida.

Pero hay un momento especialmente sensible donde la pelea se vuelve todavía más dura: la etapa escolar. Es en ese momento cuando aparece una escena que se repite demasiado seguido: escuelas que les niegan la matrícula a chicos con discapacidad, sin importar cuál sea su diagnóstico. ¿Y qué pasa cuando eso ocurre? Arranca un calvario. Familias que tienen que iniciar reclamos, denuncias y hasta juicios para algo tan básico como que su hijo o hija pueda ir a la escuela. A esta altura del año, cuando las inscripciones deberían ser una formalidad, terminan siendo un suplicio.

 Lo más grave es que la ley es clarísima. La Ley de Educación Nacional (26.206) garantiza el derecho a la educación de las personas con discapacidad. En su artículo 42 define a la educación especial como la modalidad que asegura ese derecho en todos los niveles y modalidades. Y el artículo 45 obliga al Estado a crear herramientas para acompañar las trayectorias escolares y establecer criterios de evaluación y certificación.