El letrado posadeño sostuvo que el sistema judicial “rompe el principio de inocencia” al actuar de manera inmediata frente a una denuncia. Sus declaraciones coinciden con el avance en el Senado de un proyecto de ley que busca sancionar con mayor severidad las denuncias infundadas en casos de violencia de género, abuso sexual y delitos contra menores.
El abogado penalista Ramón Camargo señaló que, desde la incorporación de la perspectiva de género al sistema judicial argentino, se ha observado un aumento de denuncias que, posteriormente, se comprueba que son falsas. “A partir de la perspectiva de género, la justicia suele actuar rápidamente para proteger a la supuesta víctima y muchas veces se detiene al denunciado sin esperar la investigación completa. Esto rompe la igualdad ante la ley y el principio de inocencia”, explicó.

Camargo afirmó que este fenómeno no es exclusivo de Argentina, sino que se observa “desde Europa hasta América”, y que el impacto de estas denuncias se extiende más allá del individuo denunciado: “Cuando una persona va detenida, eso afecta directamente su familia, su trabajo y sus bienes, y ese daño nadie se lo devuelve. Incluso si luego se demuestra que la denuncia fue falsa, las consecuencias penales son limitadas y rara vez compensan los perjuicios ocasionados”.
El letrado sostuvo que, en muchos casos, la aplicación de la perspectiva de género se convierte en lo que él describe como “una ideología de aplicación dogmática”: “La perspectiva de género tiene como objetivo generar igualdad entre las partes. El problema surge cuando se aplica de manera unilateral, sin considerar la realidad de los expedientes, y se privilegia automáticamente la versión de una de las partes”.
Según Camargo, la defensa frente a una denuncia sospechada de ser falsa depende de una investigación cuidadosa, incluyendo pericias psicológicas y psiquiátricas, así como testimonios de testigos clave. Sin embargo, advirtió que “la denunciante no puede ser objeto de prueba, lo que deja al acusado en una situación de indefensión durante la etapa de instrucción, cuando las posibilidades de demostrar su inocencia son muy limitadas”.
El abogado también abordó los motivos detrás de las denuncias falsas, que van desde conflictos familiares hasta intereses económicos: “Hemos visto casos donde madres buscan impedir la vinculación de los hijos con el padre, o situaciones de revancha en separaciones, conflictos por bienes o incluso cuestiones personales de tipo sexual. Lo importante es que estas denuncias generan un daño que es irreparable”.

El contexto legislativo nacional muestra que la discusión sobre las falsas denuncias se encuentra actualmente en el Senado. El proyecto de ley impulsado por la senadora Carolina Losada, con apoyo del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y del senador Juan Carlos Pagotto, propone endurecer las penas para quien presente una denuncia maliciosa. Entre los puntos principales se establece prisión de uno a tres años para denuncias falsas en general, y de tres a seis años cuando se trata de delitos de violencia de género, abuso sexual o delitos contra menores. También se prevé sancionar el falso testimonio de testigos y peritos con penas de uno a cuatro años, incrementadas en contextos de violencia o abuso.
Camargo destacó la importancia de que el proyecto avance no solo como modificación penal, sino como oportunidad de debate sobre la aplicación de la perspectiva de género: “El proyecto pone el tema sobre la mesa y permite cuestionar cómo actúa la justicia. La perspectiva de género debe igualar, no crear privilegios automáticos que destruyen la vida de quienes son denunciados sin fundamentos”.
El abogado recordó además casos recientes en los que la falsedad de la denuncia tuvo un efecto devastador: “Cuando hay un padre denunciado falsamente por un hijo o por cuestiones familiares, la prisión y la estigmatización social destruyen la vida del imputado. La justicia puede corregir el error años después, pero el daño social, laboral y personal es irreversible”.
En su reflexión final, Camargo subrayó la necesidad de equilibrar la protección de las víctimas genuinas con los derechos del acusado: “Toda denuncia debe investigarse, pero los denunciados deben gozar de los mismos derechos que cualquier ciudadano: libertad, presunción de inocencia e igualdad ante la ley. Sin esto, estamos rompiendo los principios fundamentales del sistema judicial y poniendo en riesgo a todos”.
El debate en el Senado continúa. La iniciativa busca convertirse en ley antes de la renovación legislativa que implicará un nuevo escenario en la Cámara alta, donde la urgencia de tratar el proyecto se suma a la presión por equilibrar la protección de las víctimas con la defensa de quienes podrían ser objeto de denuncias infundadas.





